LA PÁGINA OCULTA DEL CASO CUMMINGS Por Eduardo Barajas Sandoval
La página oculta del caso Cummings
Por Eduardo Barajas Sandoval
Dominic Cummings, asesor principal de Boris Johnson, transgredió las
reglas de aislamiento que había ayudado a establecer desde el gobierno
británico con motivo de la pandemia. Se fue por carretera hasta Durham, a
418 kilómetros de Londres, y se justificó con el argumento de que a él y
a su esposa les apremiaban síntomas del contagio de COVID19, y buscaban
para su hijo, en casa de los abuelos, la protección que no podría
disfrutar con padres enfermos en su residencia de la capital.
Durham, Reino Unido
A Cummings le cayó la tormenta completa: medios de comunicación, redes
sociales, opositores al gobierno y prominentes figuras de su propio
partido, entre ellas tres docenas de parlamentarios, pidieron su
remoción o su renuncia. Como en república bananera, se negó a dimitir.
En cambio, previa defensa de sus actos por parte del Primer Ministro,
que le patrocinó una inusual rueda de prensa desde uno de los jardines
interiores de 10 Downing Street, sostuvo que había obrado de manera
razonable, para cuidar a su familia, y dentro de la ley.
Quedó abierto el cuestionamiento a un miembro del gobierno, no elegido popularmente, que se creería revestido de la opción de obrar por encima, o al menos por un lado, de la ley. También la molestia del apoyo a ultranza de su jefe, que se justificaría en el hecho de que Cummings, que no es miembro del Partido Conservador, fue artífice de la estrategia que llevó a la aprobación del Brexit en el referéndum de 2016 y después a una de las más grandes victorias conservadoras desde 1987: la que tiene a Johnson en el poder.
Dominic Cummings (nacio en Durham, Reino Unido el 25 de noviembre de 1971)
Pero hay algo más profundo que lo de la escapada a Durham. Algo así como una página oculta en torno a la figura de Cummings, que viene de atrás: su aversión y su enfrentamiento con el Servicio Civil. Su llegada a Downing Street, en calidad de “Chief Strategist”, fue recibida desde el primer momento como un insulto a las capacidades del Servicio, venerada y también criticada institución británica que representa el profesionalismo y la garantía de continuidad armónica de la gestión de los asuntos públicos, por encima y a pesar de las veleidades de la clase política.
Según el “estratega mayor”, los miembros del Servicio Civil serían “generalistas incompetentes” carentes de imaginación, apenas aptos para ejecutar tareas puntuales. Razón por la cual estima que contar con un equipo profesional y permanente de servidores públicos es cosa del pasado. Posición que, por supuesto, no es necesariamente original, pero pone en marcha otra vez una discusión interminable y trascendental, que afecta de hecho el buen funcionamiento de cualquier gobierno.
El cuestionamiento de Cummings al Servicio Civil llega en momentos de duda de diferentes sectores sobre la idoneidad del propio Primer Ministro, y de su equipo, para manejar el problema de la pandemia. Observan que fueron elegidos para adelantar el Brexit que con éxito promovieron ante un electorado que terminó por creerles y ahora advierte que el proceso sigue en las mismas nebulosas de antes de la última elección general, mientras se ha errado en la atención de la catástrofe del contagio viral.
Vuelve la eterna discusión del encuentro entre políticos y profesionales de la administración pública, de cuyo balance depende la secuencia de un buen gobierno. Discusión afectada ahora por la irrupción del proselitismo a través de las redes sociales, que tiene como protagonistas a los pregoneros de un populismo que se centra en pocos argumentos cuidadosamente estudiados para manipular al electorado. Con la consecuencia de que muchos llegan al poder sin un proyecto más universal, cuya ausencia se pone de presente ante retos mayores.
La acción del gobierno no se puede convertir en prolongación de la campaña política que condujo al poder. Los responsables de la gestión de los asuntos públicos no deberían andar pendientes de su posicionamiento ante la opinión, por encima de responsabilidades fundamentales de largo plazo. Una administración pública altamente politizada, movida en términos de mercadeo, conduce a la meta equivocada de satisfacer intereses particularizados e inmediatos. Con ello se afecta, en el fondo, la calidad de la democracia.
Dejar el manejo de los asuntos públicos en manos de asesores pendientes de las redes sociales, y no de las decisiones complejas y los procesos de largo plazo, sería lo mismo de equivocado que contar simplemente con un cuerpo de profesionales ajenos a toda variante política en la conducción del Estado. La orientación política, basada en proyectos diferenciales que se han sometido a consideración de la ciudadanía, y que ha recibido mandato y apoyo mayoritarios, no se debería desvirtuar desde ninguno de esos extremos.
La atención permanente a las encuestas, y la respuesta a ellas desde la propaganda, representan una contaminación que distorsiona el sentido que debería tener la administración del Estado. Otro tanto sucede con la improvisación de quienes, por contrato y de manera temporal, ejercen funciones públicas para las cuales nadie los eligió ni seleccionó en concurso que pueda probar su idoneidad. El manejo de los recursos públicos desde esas plataformas produce titulares de prensa o tendencias en las redes sociales, pero aleja del buen gobierno y golpea la confianza pública en las instituciones.
De otra parte, un servicio civil inamovible, burocratizado y perezoso, no puede ser la panacea para hacer andar la maquinaria pesada de la administración de todos los asuntos públicos. Aunque alguien tiene que moderar, con criterio profesional comprobado en concurso público y abierto, desde una estabilidad condicionada a los buenos resultados, la acción de los agentes políticos que, con motivo de cada elección, vienen por un tiempo a tomar decisiones trascendentales para el cumplimiento de los fines del Estado.
Esta discusión interminable tendrá versiones diferentes con el paso del tiempo y las circunstancias propias de cada país. Los equilibrios entre permanencia y transitoriedad en el ejercicio de las funciones serán siempre objeto de precisiones y ajustes, que irán generando nuevos esquemas de atención de las necesidades de todo tipo, y que no pueden terminar en la adjudicación exclusiva, a nadie, del poder en materia administrativa.
El arbitraje de esa continua disputa corresponde a la ciudadanía, que se debe manifestar a través del voto, para nutrir el componente político de la administración, y a través de la veeduría ciudadana y el ejercicio de las opciones de control frente a la marcha día a día de una gestión que debe tener como meta y motivación el bien colectivo.
Fuentes: El Autor, y https://www.elespectador.com/o
Universidad de Durham, Reino Unido
* Ilustraciones fotográficas bajadas de google para archivo Pluriversidad Global para la Vida - PGV
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