PANDEMIA: ACOTACIONES DESDE LA ÓPTICA DE LO LABORAL Por Oscar José Dueñas Ruiz
PANDEMIA:
ACOTACIONES DESDE LA ÓPTICA DE LO LABORAL
Por Oscar José Dueñas
Ruiz
“Que la crisis no la descarguen
sobre los hombros de los trabajadores” (CUT)
En
pleno desarrollo de la pandemia se propone en Colombia la disminución de los salarios
y mesadas pensionales y como telón de
fondo una reforma laboral y del sistema de pensiones.
Ya tiene su engranaje propagandístico y los ideólogos del sistema, como si
ellos fueren los legisladores, han indicado cuáles son las modificaciones que hay que hacer. No hay la
menor duda de que será un ataque
contra el derecho colectivo del trabajo y una burla a los derechos
adquiridos por los trabajadores a través de la lucha de varias generaciones. Es una injusticia que se aproveche una época
dolorosa para recortar aún más los
derechos sociales.
Los
proponentes manejan, a su acomodo, una
equivocada conjunción de dos conceptos jurídicos cercanos pero no iguales, el de
trabajo y empleo. El empleo es un
derecho programático, el trabajo es un derecho humano fundamental. En la Constitución Política de
Colombia el trabajo lo regulan los artículos 53 y 25 y el empleo lo
determina el artículo 54.
Al
poner sobre el tapete temas referentes a las relaciones laborales se convierten, por obligación,
al movimiento obrero y a las
organizaciones de pensionados en interlocutores decisivos de primera línea.
¿Qué
hacer ante la agresiva arremetida del gran capital que aprovecha el
aparecimiento de un virus?
En
primer lugar, se requerirán prontos esfuerzos para
visualizar el impacto, a nivel de contexto sociocultural y laboral, de la descomunal pero anunciada pandemia.
Ignacio
Ramonet, en artículo publicado por varios diarios del mundo (obviamente en
Colombia por ninguno) afirma que se
trataba de una pandemia anunciada y
cita como pruebas las siguientes: un
análisis de la Council NIC (oficina de anticipación geopolítica de la CIA), de
2008, hecha por 2.500 expertos de 35 países que anunciaba para antes de 2025,
la aparición de una enfermedad respiratoria nueva que se convertiría
seguramente en pandemia, con una escala de muertos calculada en millones; otro
informe de enero de 2017, del Pentágono, alertando sobre tal enfermedad
respiratoria; la propia OMS, en septiembre de 2019, habló del patógeno respiratorio que “desencadenaría caos, inestabilidad e
inseguridad generalizadas”; numerosos científicos, entre 2011 y 2019
alertaron sobre lo mismo; la Universidad de Hong Kong ya había avisado sobre “virus similares al SARS-CoV en los
murciélagos de herradura”; hasta el mismo Bill Gates lo pronosticó en el
2015.
Ha
sido un “hecho social total” que afectó
a un mundo globalizado, lo cual sacó a
flote, entre varios aspectos:
(i)
El comportamiento intolerante,
esquizofrénico y egoísta de algunas
personas, seguidoras de una economía basada en la explotación y en el consumo[1], frente a la conducta solidaria de la mayoría que ante semejante crisis se ha visto en la necesidad de dar respuestas
críticas a la manera como se ha estado viviendo en las últimas décadas, un modo de
ser que ha quedado en una
encrucijada muy delicada;
(ii)
El realce de los instrumentos digitales
(como recurso de trabajo y de navegación informativa, nunca formativa y, en ocasiones, pura basura). Esto
conlleva la proliferación del “Fake News” (noticias falsas con la intención deliberada de inducir al error). En el ya citado
artículo “Coronavirus: La pandemia
y el sistema-mundo” de RAMONET, se
caracteriza a las Fake news como aquellas que para mejor
ocultar la falsedad hacen de la cercanía y la repetición los mecanismos adecuados para tapar lo que dicen falsamente y al referirse a la Cibervigilancia informática
Ramonet trae expresiones como las siguientes: “Los ciudadanos pueden ser rastreados mediante una combinación sofisticada de imágenes de cámaras de
seguridad, geolocalización telefónica e investigación policial”, “Y cuando se
haya acabado con este azote, las autoridades en el mundo entero, podrían desear
utilizar la vigilancia para
sencillamente mejor controlar la
sociedad”; “Las medidas excepcionales que están adoptando los poderes públicos
ante la alarma pandémica podrían permanecer en el futuro, sobre todo las
relativas a la cibervigilancia y el
biocontrol”.
Es tal el realce de esos instrumentos que convierten
a los teléfonos inteligentes en
elementos de delación.
Es factible evitar que esas
expresiones tecnológicas ahonden las brechas entre las clases sociales y
faciliten un acoso laboral horizontal en el cual el trabajador individualizado entra
en el dilema de “sálvese quien pueda”
o agrúpese organizativamente para defender los derechos;
(iii)
Adquiere actualidad la
etiqueta “teletrabajo”, que
aparentemente no tiene reticencia
debido a la urgencia de permanecer en casa para sacarle el cuerpo a un virus letal que
ubicó a cuatro mil millones de personas en total o relativo
confinamiento. Hay que salirle al paso
al hecho de que esto trate de ser aprovechado por los empleadores puesto que
implica menos costos en salario (con
repercusión en las prestaciones sociales), menos gastos en infraestructura, y aparentemente desubica el derecho colectivo
del trabajo en sus tres pilares (negociación colectiva, huelga, libertad sindical). Se dice aparentemente puesto que a medida que
se acentúen los efectos en lo
estrictamente laboral se impondrá como tabla de salvación el pertenecer a una
agrupación; en otras palabras, quienes defendemos la organización del trabajo debemos
preferenciar el derecho colectivo del trabajo y esto significa abogar por el crecimiento
de las organizaciones obreras, por ello
sería interesante que quienes han quedado desempleados por efectos del coronavirus
puedan sindicalizarse, al igual que los jubilados, los ubicados en el
teletrabajo, y, por supuesto quienes se hallan dentro del calificado como
trabajo precario;
(iv)
Ha sido
palpable, durante la crisis,
que las personas buscan la protección
del Estado. Paralelamente, surgen controversias
entre autoridades que se
atacan entre sí. Para o con la
disculpa de enfrentar el virus, las autoridades nacionales o locales señalan medidas orientadas por el “instrumentalismo” del
pensador estadounidense Dewey, mediante el método de ensayo y error; un
“gradualismo” aparentemente reflexivo pero cercano a la conducción bonapartista,
cobrando mayor vigencia
la frase: sólo sé que nada sé.
Son medidas que se expresan en un lenguaje de reglas o de “protocolos” sobre el manejo del tiempo y del espacio, que
son obvios si se aprecian a corto plazo pero que a la distancia podrían calificarse como caprichos o “avivatadas” de los gobernantes en el manejo de una palabra
“solidaridad”. Los gobernantes que hablan de SOLIDARIDAD no emplean esta palabra en la dimensión que le
da la cosmovisión andina, sino en la acepción que le dio Augusto Compte: una
solidaridad de los de abajo para con los
de arriba. Este comportamiento ante un
sistema de reglas y no de principios irá a reflejarse en la práctica
jurídica; y esas “avivatadas” son las que explican, pero no justifican, reformas
laborales contra los trabajadores y
reformas paramétricas contra los jubilados y aspirantes a serlo[2], invocando
la existencia de un virus. El verdadero virus es el neoliberalismo.
(v)
El aprovechamiento de un medio ambiente
que momentáneamente se torna un poco más sano y sirve de alerta para tomar
urgentes medidas que impidan el calentamiento global porque si esto último
llegara a acentuarse no sería solamente campo propicio para otras calamidades (nuevos
virus y enfermedades) sino el apocalipsis. Luego, lo laboral y de la seguridad
social hay que ligarlo a lo ecológico.
No es, pues, de poca monta, lo acontecido. Está
visto lo que puede ocasionar el “efecto mariposa” (dejándose de lado las
teorías conspirativas porque según se
dice todo se debió a un murciélago y, dadas determinadas circunstancias,
velozmente un virus invade el planeta y exige un nuevo orden mundial). ¿Qué no
acontecerá si la codicia humana continúa
destruyendo la naturaleza?
Posibles
tareas a tener en cuenta
Desde
la óptica de lo laboral, sea que se
trate de los trabajadores activos
(mediante relación laboral o
independientes) o pasivos (jubilados y personas que perdieron el empleo) o de abogados defensores de trabajadores y
pensionados, no puede afirmarse hoy que
exista una foto fija sobre las reales implicaciones del coronavirus. Sin embargo se pueden elaborar propuestas, teniendo en cuenta:
(i)
La necesidad de
participar en un cambio que permita salir del modelo actual privatizador y de sometimiento
a los inhumanos postulados impulsados
por los ideólogos del capital transnacional; que signifique también un
viraje en el comportamiento de algunos legisladores, juzgadores, autoridades,
periodistas y, por supuesto, abogados que
antes de la pandemia consideraban que no había nada que hacer si se actuaba en
contra de la llamada “sostenibilidad financiera”. Esta tarea exigirá mayores compromisos. Los abogados defensores
de trabajadores, de por sí, ya viven en el peor de los mundos, enfrentados a
una comportamiento judicial proclive a los empleadores (los juzgadores hacen
caso a la consigna de austeridad para trabajadores y pensionados), con una
jurisprudencia que en la actualidad es muy restrictiva, sin ningún apoyo por
parte del Estado (en otros países el Estado, en muchas oportunidades, cubre
emolumentos de los profesionales del derecho, mientras en Colombia quienes
defienden a trabajadores lo hacen, casi siempre, a cuota litis[3]),
sin prestaciones sociales pero con muchas obligaciones. Pero por encima de las
dificultades hay que defender a quienes trabajan y aspiran a la jubilación.
(ii)
El uso adecuado de la ciencia y la calidad democrática (elementos
sensibles para el desarrollo de la biopolítica digital) para evitar una nefasta combinación de tecnología y de populismo
que viabilice un modelo de Estado policíaco que controle los comportamientos de los ciudadanos. No debe
olvidarse que las masas que nutren el fascismo provienen, generalmente, de la
pequeño burguesía desencantada y
asustada.
Se está ante
el difícil pero necesario camino de un
aprovechamiento no mercantilizado de la ciencia y el convencimiento de la
importancia de la cotidianidad para abrir nuevos horizontes a la teoría y
praxis de los derechos fundamentales, siendo preferentes los de contenido
social, ecológico y cultural, en libertad, sin que el motor sea la explotación del hombre por el
hombre, ni la teoría del nazi Carl
Schmitt para quien “la esencia de la
política estaba en el momento de la
decisión, la inmediatez y la resolución , de manera que –bajo su tesis- los
parlamentos eran y son un lastre porque
ralentizan y quitan fuerza a las
decisiones”[4].
Se dirá que las instituciones están muy desprestigiadas, pero no se puede
olvidar que la democracia es mejor que el totalitarismo. Sin embargo,
no existirá democracia si ésta no es participativa, siendo indispensable la
presencia, en las decisiones, de los representantes de los trabajadores y de
los pensionados.
(iii)
El
reconocimiento de la dignidad
humana en el llamado teletrabajo y
evitar que a la hora de la verdad las Tecnologías de la Información y la Comunicación signifiquen, para el operario, un menor salario, más horas de dedicación y
afectación del descanso; y que las TIC, llevadas a la llamada educación en
línea, no sean solamente para capacitaciones
tecnológicas que impiden las
reflexiones y las posiciones críticas, sino para algo que fortalezca el accionar y el perfil del trabajador y del defensor de trabajadores. Los disminuidos
salarios de quienes acudirán al teletrabajo
según la ley se equipararán a los
de los trabajadores de planta
pero es muy difícil que vaya a hacerse
valer este postulado. Si para los procedimientos judiciales también se
llegare a imponer el teletrabajo, serán los tecnólogos con experiencia en lo
digital y no los juristas con experiencia de toda una vida y educación jurídica
por el estudio quienes terminarán
dominando el campo judicial. Se acentuará
la repetición de modelos (generalmente contrarios a los derechos de los
trabajadores y jubilados). Sin necesidad
de pandemia eso es lo que ya se viene imponiendo porque las decisiones
judiciales se acomodan a un modelo prefabricado en el cual se incluye como
argumentación el último pronunciamiento de alguna Alta Corte que se cataloga como vinculante, haciéndose
de lo que dice la jurisprudencia una lectura lineal y canónica, escenario muy
opaco, desapareciendo toda reflexión crítica y la experiencia que da la
diferencia. Se trata de sentencias aprisionadas por plataformas paralizantes.
(iv)
Erradicar el menosprecio por la verdad para evitar la
tendencia de ceder espacios a los embustes de una sociedad manipulada por los medios
de difusión, creando una falsa conciencia basada en el egoísmo y la codicia
que son tan efectivos para el enriquecimiento;
(v)
Ante la terrible realidad del desempleo
(en estimativos de la OIT mil quinientos millones, o sea casi la mitad de la
fuerza formal del trabajo en el mundo), poner
granos de arena para buscar soluciones consensuadas para las familias que pierden o ven reducida su
comida, su atención en salud, educación, es decir, el empobrecimiento
generalizado.
En el caso colombiano hay que reconocer
que se dislocó la Constitución de 1991 porque no puede hablarse de Estado
Social de Derecho cuando en el mismo texto constitucional se viabiliza el
modelo neoliberal, cuando los centros de pensamiento y los líderes de la
oligarquía imponen, a su acomodo, las soluciones (pese a que se habla de
democracia participativa), y cuando se le abre puerta grande a las
privatizaciones y consecuente
mercantilización de la seguridad social y de los servicios públicos, sin que
opere un rápido y efectivo control político y jurídico.
Hay
que admitir, por ahora, que la terrible experiencia de la pandemia no ha implicado a corto plazo unos grandes acuerdos en favor de los trabajadores y jubilados afectados por un desastroso y frágil modelo privatizador de atención en salud y un
deshumanizado manejo del tema pensional en el cual
hipócritamente se habla de defender a los “abuelitos” mientras los hogares
geriátricos son campos de muerte, se afectan
las mesadas pensionales (violándose normas constitucionales, y
pisoteándose la microeconomía) y se ha obligado
a los mayores de setenta años a un
prolongado y estricto encierro con el
argumento que sólo así se puede sobrevivir, propuesta que llevada al extremo es
inaceptable moralmente, como bien lo
dijo la canciller Angela Merkel, de ahí
que en Alemania diariamente se permite a los mayores de setenta años salir una
hora a caminar y tomar el sol. En el notable artículo que RAMONET publicó en Página 12, New Yorker y otros
periódicos, relata cómo hay personas y
autoridades que son despiadadas con los adultos mayores. Dice por ejemplo que
el Jefe del Centro Médico de la
Universidad de Leiden declaró que “No se
deben admitir en las UCI a personas demasiado viejas o demasiado débiles” y
que un Vicegobernador en Estados Unidos dijo que “Los abuelos deberían sacrificarse
y dejarse morir para salvar la economía”
Por
el contrario, hay que registrar con
beneplácito que durante la pandemia la
gente en nuestro país siguió acudiendo a la acción de tutela. Dentro de los
temas permitidos a jueces y magistrados para decidir, pese al confinamiento,
ocupa lugar preponderante la tutela, con
un alto número de casos decididos. Es decir, que se tiene la ilusión de
que se protejan los derechos
fundamentales y que en vez de declararse la improcedencia por parte de los
jueces, para muchos reclamos de amparo, debe ser todo lo contrario: impedirse
las restricciones procedimentales.
El
desafío que se viene es inconmensurable. En este escenario, desafortunadamente la política del Estado colombiano se centra en resolver los problemas del capitalismo,
teniendo como meta la reactivación de la
economía de mercado y no la reactivación del trabajo, ni menos la protección del salario y las pensiones.
En
este orden de ideas, no sería extraño que algunas
medidas restrictivas pero
excepcionales, adoptadas para combatir el virus, tratarán de convertirse en permanentes.
Lo
lógico sería que al salir del túnel se
buscara un cambio de paradigma, abandonándose la política depredadora de
derechos y, por el contrario, comprometiéndose el Estado con una estructura de humanismo real y de democracia, siendo la salud y el trabajo ejes fundamentales.
Por
ahora, no ha sido así porque el
fundamentalismo de los pontífices de la economía especulativa siguen idolatrando al capital
financiero y mantienen los postulados neoliberales. Es lo que se está viendo en
Colombia por el comportamiento de organizaciones y personalidades que representan
a las élites económicas.
También
sería lógico que se activara un real consenso tripartito: gobierno, sindicatos,
empleadores. Por supuesto que esto será muy difícil porque el gobierno nacional
tiene en su agenda, preferencialmente, el tapar los numerosos escándalos de
algunos de sus funcionarios y el cumplir las órdenes norteamericanas en el tema
de Venezuela. Ante esta realidad un interlocutor válido podría ser el Congreso.
Como quienes control el poder proponen una reforma laboral, los sindicatos
deberían insistir en lo propuesto desde la década del noventa: la expedición de
un ESTATUTO DEL TRABAJO (artículo 53 de la C.P.).
Plantearle al pueblo colombiano que distinga
muy bien entre una reforma laboral
propuesta por las oligarquías en contra de los derechos laborales y un Estatuto
laboral con los principios establecidos en la Constitución. Y para que la democracia sea participativa,
estableciéndose audiencias de interés público (artículo 137 de la C.P.) en las
cuales jueguen un papel importante los sindicatos y las organizaciones de
jubilados (artículos 55 y 40 de la C.P.) y, por supuesto también los alcaldes,
porque dentro de las funciones de éstos está la de “hacer cumplir la Constitución” y ocurre que en la Constitución de
1991 se dio un
mandato perentorio: “El Congreso
expedirá el estatuto del trabajo” (artículo 53 C.P.), ya va más de un cuarto de siglo y esto no se ha cumplido. Hoy más que nunca se requiere como vacuna
contra el neoliberalismo.
Si
los sindicatos, las agrupaciones de jubilados y los abogados de los trabajadores no le ponemos empeño a un cambio, la razón de ser de un
Estado Social de Derecho desaparecerá, la estructura económica neoliberal continuará,
el Derecho del Trabajo como parte de la superestructura jurídico política mantendrá
algunas modificaciones, muy discutibles, (ya efectuadas antes del coronavirus,
quizás lo novedoso es que ahora son más fáciles de visualizar para analizar si
valen la pena o no mantenerlos). Y la
ideología del capitalismo salvaje continuará siendo el faro de muchas
autoridades y si ven que se erosiona no sería extraño que acudan a emociones negativas mezcladas con populismo, es decir que se
matriculen en la extrema derecha.
Vigencia de las normas expedidas durante la emergencia
En el
terreno de las normas, se dirá que terminada la pandemia pierden sentido las dictadas por tal motivo. Incluidas, por supuesto las que tienen que ver
con lo laboral y lo de las pensiones.
Sin
embargo, cabe el adagio: “piense mal y
acertarás”. Hay que estar
alerta.
La
experiencia demuestra, al menos en Colombia, que cuando existía el estado de sitio, pese a
que la normatividad era únicamente durante el estado de excepción, sin embargo
se convertía en estable[5]
porque antes de levantarse el estado de
sitio se acostumbraba expedir una ley que
convertía a tales decretos en
legislación permanente.
Para
mantener las condiciones injustas antes
se invocaba el derecho de gentes, ahora
se invocan razones económicas.
Al
convertirse en normal lo excepcional se afecta la misma esencia del
Estado democrático y sobre esa base poco
sólida se levanta el comportamiento represivo contra la inconformidad y se
acentúa el descuido para con la población más vulnerable.
El
problema se acrecienta si la entidad encargada del control constitucional le da
el visto bueno a las medidas excepcionales pensando únicamente en la
conveniencia de quienes tienen el poder económico y manejan la
macroeconomía y no en las necesidades de los trabajadores y “los abuelitos” pensionados que dinamizan la microeconomía.
Es
oportuno advertir que hay quienes opinan que el constitucionalismo pasa por un mal momento.
Hay por ejemplo, comentarios editoriales
del periódico de Barcelona La Vanguardia, el último de ellos “Crisis
constitucional”, firmado por Manuel
Pérez el 6 de mayo de 2020, en el cual se analiza el fallo del Tribunal Constitucional alemán sobre la compra de deuda pública del BCE, enfrentándose dicho
Tribunal Constitucional a lo ya
decidido por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea. Según el editorialista: “El
fallo retrata hasta qué punto la crisis del euro, de la deuda, de nuevo activa por el
virus, ha infectado el ambiente en
amplios sectores de la opinión pública
alemana, también sus elites, de las que el Tribunal Constitucional forma parte”
En
los albores de la misma Corte Constitucional de Colombia hubo una experiencia cuando esa Corporación examinó el decreto 333 de 24 de febrero de
1992 que declaró el estado de emergencia social por treinta días para conjugar
una situación derivada de la demora en el alza de salarios por parte de la
administración pública. En aquel
entonces, según el Presidente de la
República y sus ministros, había amenaza
grave e inminente contra el orden social y, entonces la Corte, en el proceso de
revisión constitucional, decretó y practicó pruebas que tuvo en cuenta en la
sentencia, entre otras unas
informaciones calificadas como delicadas expresadas en un documento de la DIJIN en la cual se
hablaba de manifestaciones en los sindicatos, específicamente del sector eléctrico, petrolero, bancario y
de comunicaciones, que “acreditan un proceso de creciente
tensión y cuyo contenido reivindicativo
podrá ser aprovechado para inducir un
mayor grado de conflictividad social por parte
de las FARC y del ELN” y,
además, se agregaba en la sentencia, que circulaban volantes dentro de los
agentes de la policía en Bogotá como forma de protestar por “condiciones salariales”. La Corte en sentencia de 7 de mayo de 1992
declaró la exequibilidad acogiendo esos
presuntos factores concretos y expresando, en forma extensa, planteamientos teóricos (control integral,
hechos sobrevinientes, ingreso a la anormalidad en el orden institucional,
presupuestos habilitantes, plus de facultades para el Presidente, discrecionalidad, juicio de responsabilidad, conceptos
jurídicos indeterminados, cláusulas abiertas, en fin, un sin número de
conceptos propios de la filosofía especulativa). Salvó el voto Ciro Angarita quien puso de
presente que el culpable de la situación de reclamos por parte de los
trabajadores sindicalizados era el propio Estado y que las manifestaciones
obreras hacen parte del Estado social y democrático de derecho.
De
manera que no hay que hacerse mucha ilusión respecto al examen de
constitucionalidad. Además, judicializar el coronavirus no tiene mucho sentido.
Otra
acotación sobre teletrabajo
Tecnológicamente
se mantendrá lo impulsado por la pandemia ya que durante semejante catástrofe
se disparó el desempleo y, una de las respuestas a ese volcán social ha sido y será la de acudir
al mal llamado teletrabajo.
Ha
sido explicado el teletrabajo desde el
punto de vista de los intereses de los
empresarios. Si ello continúa así será fácilmente orientado por la
ideología neoliberal, y, entonces, ya no se hablará de trabajo sino de servicio,
el reglamento de trabajo será remplazado por los “paquetes de información” y por una red privada virtual que conecta con la
empresa y hace el papel de los llamados
jefes de relaciones industriales o de talento humano y el
trabajador pasará a ser un simple “vinculado”, ya no se hablará de
contradicciones de clase sino de la necesidad de adquirir y mantener la
confianza del capitalista porque se verá el teletrabajo como instrumento de
generación de empleo y autoempleo (no de trabajo).
Aunque se diga que el teletrabajo se guiará por las normas sustantivas del
derecho laboral, la verdad es que jurídicamente es un lamentable regreso a algo parecido al
arrendamiento de servicios como lo señalaba el Código Civil Napoleónico y, de
todas maneras, ubica al trabajador en situaciones económicas y sociales muy
complejas. Tal modalidad en Colombia se enmarca dentro de los parámetros de la
ley 1221 de 2008 (que los empleadores muy pronto irán a exigir que se
flexibilice por ser muy “rígida”). En dicha ley se dice que el teletrabajo
puede ser autónomo, móvil o complementario, no hay propiamente jornada de
trabajo, luego no tienen lugar las horas extras, ni trabajo nocturno, ni
dominicales y festivos, (adiós a la lucha de los Mártires de Chicago y al
primero de mayo) solamente se controla “la carga excesiva” y el
descanso tiene que ser recreativo, creativo y cultural.
No
es correcto que el teletrabajo se vaya a esgrimir para una mayor carga laboral
(adicionalmente remplazando quien lo usa a operarios que sean retirados de la
respectiva empresa).
Un
futuro incierto exige cambios con contenido humano
Lo
presumible es que después de semejante
acontecimiento (el del coronavirus) y
luego de que pase el susto, quienes
detentan el poder se negaran a cambiar los
paradigmas y mantendrán el mismo estilo
de perjudicar a la clase trabajadora. Entonces la fuerza de las necesidades concretas llevará
a situaciones muy delicadas que obligaran, tarde o temprano, a dar respuestas justas. Soluciones que es
mejor hacerlas ahora antes de que sea demasiado tarde.
No
se puede pasar por alto que en esa contradicción entre el trabajo como creador
del valor y el permanente anhelo de enriquecimiento de los poderosos, se ha producido
un rápido empobrecimiento de los
asalariados, con mayor razón, de los millones de personas que han perdido su trabajo.
No
se trata solamente de la urgencia de ubicar al ser humano en el centro los
proyectos sociales, constituyéndose la salud y, por ende, la dignidad humana,
como el núcleo esencial de la organización de la sociedad, sino que la pandemia aceleró la visualización de
evidentes cambios estructurales del Estado post-moderno. Por consiguiente, otra
inquietud que surge es la de qué hacer frente a algunas de las modificaciones
de la teoría del Estado, efectuadas antes de la pandemia y que ahora
saltan a la vista porque muchos eludían
verlas.
Se
trata, en el fondo, de la crisis de la teoría de la división
tripartita de los llamados poderes públicos. Esto debe ser tenido en cuenta por los trabajadores,
pensionados y sus defensores.
Hace
rato que se ha erosionado la división
tripartita de los poderes públicos. ¿El ocaso de Montesquieu?
- Los
magistrados de las Altas Cortes legislan mediante “reglas”;
- El Ejecutivo
centra su accionar en mensajes de texto y en la efectividad de relatos
preparados publicitariamente; dicta o
mega-decretos (verdaderos códigos) o un rosario de mini-decretos (verdadera
leyes) que se atropellan las unas a las
otras;
- los
parlamentarios ya no necesitan estudiar para legislar porque la mayoría de ellos vota según los parámetros
de los centros de pensamiento de los grupos económicos, expresados a través del
respectivo ministro.
En fin, el constitucionalismo liberal
perdió sus contenidos, ya hay muchos
constitucionalistas pero pocos instrumentos constitucionales realmente
eficaces, salvo los que estipulan lo
represivo.
Se
requieren cambios fundamentales en el esquema del Estado post-pandemia. Cambios
de fondo, no medidas coyunturales para
mermar la presión social.
Ya
que se habla de constitucionalismo, la pregunta es si ello se materializa en un
constitucionalismo orgánico (organización del Estado) o en un
constitucionalismo basado en los derechos fundamentales. Por supuesto que tiene
que ser en esto último y es ahí donde uno de los derechos, el de la negociación
colectiva, debe tener una importancia superior a la que hoy se le da o, al
menos, que sea efectivo lo ya establecido.
Hay
buenas propuestas, pero NO en Colombia
La
experiencia de la pandemia, universalmente impactante, demostró que los temas de la protección a la naturaleza, a la salud,
al empleo, al trabajo y al salario
exigen urgente proyección y preferencia,
por encima de sutiles manejos del poder político y de las doctrinas de los
magistrados (Robespierre decía que la jurisprudencia era una palabra que había que borrar del diccionario).
Ante
esta verdad de a puño, hay quienes abogan por modelos ya conocidos, unos experimentados
y otros no tanto. Se pueden mencionar, a
manera de ejemplo:
(i)
Un efectivo Estado del bienestar, con sus tres pilares:
salud, pensiones y educación; Por
ello abogan especialmente en Europa. A nadie le pasa por
la cabeza que la solución sea radicalizar el modelo neoliberal, como alegremente
se trata de proponer en Colombia;
(ii)
Chomsky alaba las propuestas de Bernie
Sanders (dentro de ese gran proyecto, especialmente lo ecológico, del Green New Deal),
(iii)
Ramonet, director de Le Monde
Diplomatique en español, escribió un extraordinario y extenso artículo “Coronavirus: la pandemia y el sistema-mundo”, en el cual propone
reformular el contrato social, conjugando el Estado del bienestar y el Green
New Deal: “Un ambicioso Acuerdo Verde que constituya la nueva alternativa
económica mundial al capitalismo depredador” ya que “Es preciso impedir que la pandemia sea utilizada para instaurar una Gran
Regresión Mundial que reduzca los espacios de la democracia, destroce aún más
nuestro ecosistema, disminuya los
derechos humanos, recolonice el Sur,
banalice el racismo, expulse a los inmigrantes y normalice la cibervigilancia de masas”[6].
(iv)
Otros (los uruguayos) hablan del modelo
de Batlle y Ordóñez, a principios del siglo XX: conjunción de los derechos
sociales de los trabajadores con el derecho de libertad de los ciudadanos;
(v)
Adquiere importancia el comportamiento
cubano, no solamente por estar rigiéndose ahora por una nueva Constitución sino
por el buen ejemplo que han dado sus médicos a nivel universal al demostrar su
solidaridad con muchos países del mundo;
(vi)
Los chinos y su lineamiento del año 1987, en el XIII Congreso
de su Partido Comunista Chino, cuando se definió que el Estado deberá guiar al
mercado y el mercado a las empresas y con ese postulado se han lanzado a la
conquista del primer puesto en el comercio mundial. La política electoral de
Trump agita como bandera el ataque al “partido comunista chino”, anticomunismo
sistémico que no tardará mucho en ser
esgrimido por los gobiernos títeres
en Latinoamérica. Por supuesto que, no se puede olvidar que hay que ir a la fuente del pensamiento marxista, teniendo como eje a la conceptualización
expresada en el libro que escribió Marx con Engels “La
Ideología alemana” en el cual se expresa, al referirse al materialismo
histórico, que “la conciencia social refleja siempre y por doquier el ser social y, en
consecuencia, es éste el que la condiciona objetivamente”[7];
Modelos
no faltan, adecuaciones dependerán de cada región. Y, además, se torna como algo muy importante lo referente al “municipalismo”
coyuntural para paradójicamente formar, hacia el futuro, en la confluencia de
localidades con naciones diversas unas Patrias Grandes, (idea de Artigas y Bolívar),
solo así se adquiere incidencia geopolítica. Ese poder local se ha visto patente en las respuestas a la epidemia del
coronavirus (que en algunas ocasiones se convirtió en alcaldadas originadas por
la pasión por el poder). Es inocultable la influencia de las pequeñas regiones
(municipios, provincias, cabildos indígenas), algo que no es extraño en Colombia, pese al desprecio que le
han tenido las élites políticas y económicas. Lo reciente, en las últimas décadas: los
movimientos cívicos con sus líderes y lideresas[8]. y
algo que el hombre del común ha
visualizado, los ciudadanos organizados localmente en función de factores económicos (agrarios o
barriales). Esta fortaleza no es bien vista por parte del Estado y de las oligarquías nativas, de ahí que no sería raro
que acudieran el ejercicio de la fuerza
para mantener una estructura vertical. Una inclinación totalitaria que
indudablemente irá a ser promocionada por el neoliberalismo, creyendo que esta va a ser su tabla de
salvación.
Por
supuesto que el movimiento obrero debe acudir, inteligentemente, a sus propios
modelos, sin dejarse presionar por la “irradiación de las mentiras”, no
olvidando que, con la contribución de la pandemia, se ha debilitado la ideología neoliberal, de
manera que ante el dilema reforma laboral
Vs. Estatuto del trabajo es éste último el que se ajusta a lo
históricamente correcto.
[1] En la década del sesenta se produjo la
transición de una economía fundamentada
en la producción a una economía basada en el consumo, de ahí que se hubiere
dicho “sociedad de consumo”
[2] La
reforma paramétrica en pensiones ya la ha iniciado la jurisprudencia de la
Corte Suprema, especialmente desde agosto de 2018,
del Consejo de Estado también desde agosto de 2018 y de la Corte
Constitucional desde julio de 2014 y aún antes
[3] La cruda realidad colombiana se puede simplificar asï:
quienes acuden ante la justicia, en más de un 90% son los trabajadores y los pensionados.
También en un 90% los fallos son en contra. Si se trata de juicios ordinarios
laborales, se condena en costas. Si se acude al recurso de casación, otra vez
el 90% es desfavorable y las solas agencias en derecho contra los trabajadores
se tasan en cuatro millones de pesos ( equivalen a más de cuatro salarios
mínimos mensuales vigentes)
[4] Fernando García Madrid, “La pandemia nos cogió
crispados”, artículo en el periódico La Vanguardia, Barcelona, 27 de marzo de
2020
[5] El
estado de sitio, artículo 121 de la Constitución de 1886, se volvió casi permanente a partir del
gobierno de López Pumarejo, a raíz del frustrado golpe de estado en Pasto en
1944, en plena guerra mundial, pero precisamente cuando se vislumbraba la derrota
de los alemanes, como secuela de haber perdido la batalla de Stalingrado. Uno
de los decretos expedidos con base en la legalidad marcial fue el que convocaba
a consejos de guerra contra civiles y militares comprometidos con dicho golpe
(16 años antes, también se desarrolló un consejo de guerra contra los
dirigentes obreros a raíz de la masacre de las bananeras).
[6] Artículo escrito enLa Habana y reporoducido por el
diario Página 12, de Buenos Aires, el 1 de mayo de 2020
[8] En
un pasado lejano la fuerza de las provincias fue reconocida en la Constitución de 1853 y en el mismo plebiscito de municipalidades
promovido por Núñez para enfrentarse a los Estados soberanos e impulsar la
Regeneración
Ilustración gráfica- Archivo pluri-VERSIDAD Global
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